“Todo el mundo tiene un precio” es una frase que a menudo se enarbola para hacer ver que las personas somos capaces de hacer cualquier cosa si el incentivo económico es el adecuado, incluso dar muerte a otra persona. ¡Cuántas obras realistas y de ficción relatan cómo un granuja traiciona a sus amigos por quedarse el dinero que se tenían que haber repartido entre ellos! No poco se ha hablado sobre cómo las personas, demasiado a menudo, actuamos en nuestro propio interés en perjuicio de los demás. Sin embargo, hoy vengo a traerles una perspectiva un tanto distinta, más sanitaria, sobre cómo el dinero influye en la decisión de los médicos.

En todas las profesiones sanitarias se hace hincapié en que en el proceso de las enfermedades terminales llega un punto donde ya no se puede hacer nada, y lo más adecuado, lo más humano, es dejar que la persona expire sin dolor. Todo buen profesional busca evitar el encarnizamiento terapéutico.

Cualquier paciente, de forma voluntaria e informada, puede firmar una orden de No Resucitar en caso de Parada Cardiorrespiratoria (en caso de PCR, no RCP). Esto se usa para no prolongar el sufrimiento si se tiene una enfermedad verdaderamente grave que vaya a poner al paciente en una situación de inhabilitación permanente después del incidente. Pocas personas disfrutan viviendo entubadas a una máquina, semi-inconscientes o no. Es frecuente que pacientes oncológicos terminales o personas muy mayores con múltiples patologías elijan esta vía para evitar seguir siendo diana de agujas y pruebas diagnósticas que desgraciadamente no arreglan en nada su enfermedad.

Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que no han tenido tiempo de firmar este documento porque ya no son capaces? La decisión recae sobre su familia, que debe decidir en nombre del enfermo, buscando su bien.

Hay personas a las que no se les permite que mueran. Independientemente de su enfermedad, los médicos las resucitan una y otra vez, por el simple hecho de mantenerlos vivos, no porque se vayan a curar. Esto se da porque la familia insiste en que se les practique la RCP, y se les mantenga intubados y conectados a un aparato lo máximo posible, amenazando con denunciar si le dejan morir.. “¿Por qué?” se preguntarán. Pues porque hay familias que dependen de la ayuda económica que recibe ese paciente terminal, y lo necesitan vivo o viva el máximo de tiempo posible para seguir subsistiendo de esa ayuda. Han vendido a su familiar por un puñado de dólares.

No me entiendan mal; la situación económica de cada casa es la que es, y prescindir de una prestación puede dejar a una familia en la miseria, pero la conclusión que hay que sacar es que el simple hecho de que se den estos casos revela un desamparo económico familiar tal que lleva a las personas a hacer esta clase de cosas. Ni los médicos pueden negarse a prolongar el sufrimiento de su paciente, ni la familia puede permitirse perderlo.

Es por ello que, una vez más, invito a la lectora o lector a la reflexión.

¿Debería dejarse en manos de la familia la decisión de en caso de PCR, no RCP, o son casos aislados y no volverán a repetirse?

¿Se podrían implantar mecanismos o sistemas para detectar estas situaciones y frenarlas de forma ágil y sencilla?

¿Podría la decisión del médico equipararse a la de la familia en algún caso?

Alexander Lugilde Guerbek

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