El modelo sanitario clásico que imperaba en siglo XIX y comienzos del XX, basaba su realización y servicios con tan solo dos agentes en la ecuación del sistema: la población y los proveedores de servicios directos (médicos, hospitales de beneficencia) con ausencia total de instituciones sanitarias, centros ni redes asistenciales, donde el pago se hacía al contado al especialista o mediante obras de caridad.
La evolución y desarrollo de la tecnología,
la exigencia social del estado de bienestar, las dimensiones de la demanda poblacional y condicionantes económicos desembocaron en una imposibilidad creciente del auto-aseguramiento y se hizo necesaria la aparición de la tercera figura de agentes del sistema sanitario: aseguradoras -índole pública (SS) o privada-, que funcionaban de intermediario entre los enfermos y especialistas.
Esta aparición de las aseguradoras y la intervención del Estado como cuarto agente desembocó en numerosas divergencias estatales a la hora del establecimiento de un modelo sanitario concreto.
El Sistema sanitario de los Estados Unidos carece de los atributos de gratuidad y universalidad. Es por tanto que la garantía de la salud recae o bien sobre los empresarios: puesto que se encuentra legislado que son ellos los encargados de garantizar la cobertura de sus trabajadores, o bien parte de la población que elige para ello aseguradoras privadas basadas en el pago periódico de cuotas con los suplementos económicos correspondientes-dependientes del grado en caso del tipo de seguro y su correspondiente cobertura.
Uno de los handicaps de las aseguradoras privadas es que dichas aseguradoras tienen la posibilidad de negar la cobertura a un potencial cliente basándose en su salud general y condiciones preexistentes de los potenciales asegurados.
Esta realidad social estipula que alrededor de 44 millones de estadounidenses se encuentran en un estado de máxima desprotección a nivel de cobertura y atención sanitaria, y 25 millones más teniendo un seguro con cobertura insuficiente para sus necesidades.
Hasta la aprobación del mediático ObamaCare, estaba vigente el programa de seguros de salud gubernamental Medicaid, aprobado por el presidente Lyndon B. Johnson en 1964.
Las lagunas que dejaba el sistema sanitario estadounidense hacia las personas de bajos ingresos -con ausencia total de un sistema que cubriera necesidades mínimas asistenciales- intentaban ser rellenadas mediante dicho programa de manera precaria.
La finalidad era dar cobertura sanitaria a personas de bajos ingresos, ancianos mayores de 65, niños y personas con discapacidad ya que su medio social les dejaba fuera del sistema imperante en Estados Unidos.
Otro problema de gran relevancia era la cantidad inmensa de costes por parte del sistema.
La ley PPACA que aprobó la cámara baja con mayoría demócrata, proceso liderado por Obama en Marzo del 2010 (también conocida como Obamacare), define un plan de reforma sanitaria basada en la obligatoriedad de la aseguración y cobertura con plan de salud de todos los trabajadores regulados en el país.
Dicho programa se realizó con el objetivo de: 1. Reducción de costes 2. Libertad a todo estadounidense en la elección del tipo de seguro: público (Medicaid) o privado. 3.Accesibilidad y calidad del sistema mediante un aumento del control estatal: Prohíbe negar cobertura a personas con condición médica preexistente, amplia los mínimos que debe cubrir el seguro médico ofrecidos por las empresas y limita el encarecimiento de los precios injustificados, exigiendo justificación a las aseguradoras con el objetivo de un aumento del precio.
En caso contrario de su ausencia de aseguración, se someten a sanción económica. Dicha exigencia de cobertura se llama mandato individual; y el objetivo de la aprobación de esta ley es la facilitación de créditos fiscales a aquellas familias que ganen por debajo de cuatro veces el umbral de la pobreza con el fin de la subvención de un seguro por la salud.
Si bien, esta implantación de este sistema tiene sus detractores puesto que el ACA obliga a las empresas de más de cincuenta trabajadores con contrato de tiempo completo a financiar parte del seguro médico; lo cual puede limitar el empleo.
Esta reforma garantiza por parte de los empleadores un seguro más completo, y por tanto más caro: lo que desemboca en una reducción de beneficios económicos por parte de la empresa que a su vez puede repercutir indirectamente en los propios salarios de los trabajadores.
La candidatura de Donald Trump con la que finalmente llegó a la casa blanca, partía de un programa político en materia sanitaria basado en “Reveal and replace” -derogar y sustituir-, acompañado no sólo en la anulación de la ley PPACA si no también por la penalización de aquellos profesionales de la salud que practiquen el aborto, al igual que la congelación de desarrollo legislativo en materia de sexualidad y procesos reproductivos artificiales.
Otros de los pilares de ObamaCare era la prevención primaria: atacando a los determinantes de la salud y factores de riesgo, acompañada de la promoción de la salud; todo ello gestionado y mediado por un aumento de presupuestos hacia la Salud Pública.
Es por tanto, que la incertidumbre actualmente sobre la toma de decisiones respecto al OCare es patente, al igual que la realidad de desprotección de 20 millones de personas sanitaria con la derogación de la ley. Se acompaña también con un empoderamiento de las empresas aseguradoras primarias y un retorno al aumento de gasto sanitario cerca del 9% del PIB sostenido por economías familiares (estudios estadísticos sostienen que de media un tercio de los ingresos en una unidad familiar se destinan a gasto sanitario).
Por: Raquel Acosta
Miembro de la Sección Actualidad
Bibliografia:
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